La crisis pandémica por COVID-19 demostró la importancia en el fortalecimiento de la salud colectiva, las instituciones garantes de la salud en diversos Estados de América Latina. Mucho se ha escrito y analizado  COVID-19 y del SARS Co-V, sobretodo en los efectos catastróficos a nivel político, económico y social. Lo definitivo, es que el COVID-19 ha sido ante todo un factor de shock desigual, en especial con los Estados de baja y renta media dependientes de la industria farmacéutica y/o sistemas de salud frágiles o en vías de privatización.

No es posible atender la crisis pandémica desde una visión meramente eurocentrista y capitalista, el capitalismo global en efecto está “sufriendo los estragos” derivado del COVID-19, sin embargo, también ha aprovechado para convertir este problema humano en una potencial industria. Sin duda, las múltiples afectaciones colaterales como la pérdida de fuentes de empleo, suspensión de jornadas laborales, deterioro de la salud mental, suspensión de servicios de infectología y de salud sexual y reproductiva, han sido obviadas en la agenda internacional y nacional.

Entender la salud como un medio de seguridad nacional y social produce que los Estados aúnen esfuerzos para contener este tipo de crisis, sin embargo, existe una especie de sobreactuación en el manejo de la pandemia, lo cual ha generado inestabilidad en múltiples servicios a nivel de salud, social, como también a la violación de derechos humanos fundamentales. Actualmente los sustentos ideológicos y las acciones técnico-políticas que expresan la ciencia biomédica clínica individual y la salud pública vertical en el marco de COVID-19 han generado una compleja espiral de patologización de la sociedad, desinformación/sobreinformación, conductismo individual y estado policial como principal estrategia de afrontamiento, toma de decisiones públicas basadas en la predicción, inferencia o temor social de difícil desactivación en el marco de un abordaje fragmentado y sectorizado de la salud colectiva (Basile, 2020). 

Y es que, países como Costa Rica, no pueden darse el “privilegio” de entrar en medidas que impliquen gran restricción, ya que la situación económica es realmente preocupante y el país se encuentra enfrentando una crisis importante en las finanzas públicas, esto ha implicado medidas débiles, poco efectivas en cierta manera, lo cual ha influido en el aumento de casos y aceleración de las muertes. 


Las medidas de cuarentena aplicadas en Europa en sociedades con casi pleno empleo y acceso a sistemas de protección que tuvieron vocación universal operarán de forma diferente en sociedades donde prima el empleo informal, la economía popular, la desprotección, la división sexual del cuidado y la necesidad de generar sustento diario. El parlamento de mujeres ecuatorianas ya popularizó: “la pastilla de la cuarentena es un privilegio de clase (Basile, 2020).

Aunado a esto, los sistemas de salud en América Latina durante esta segunda ola del COVID-19, han visto una gran disminución, deterioro y pérdida de capacidad en la atención de servicios médicos. En el caso Costa Rica, bastó esta crisis, para que la Caja Costarricense de Seguro Social se encuentre en un posible colapso hospitalario y la posibilidad de no poder ampliar su atención en otras enfermedades que siguen presentes en muchos pacientes. Para muchos y muchas costarricenses  es primordial la acción del Estado en apoyar financieramente, técnicamente y políticamente a la CCSS, su labor es más que necesaria, es urgente.

Dentro de este escenario de la crisis sistémica de los sistemas de salud en emergencia y sobredemanda permanente, la necesidad de reaprendizaje en el diseño y gestión de emergencias y desastres como capacidad pública colectiva en el siglo XXI es también un aspecto para reevaluar. La conformación de comités operativos de emergencia de salud pública colonizados por “expertos” de infectología puso como política de Estado la epistemología clínica individual sobre una epidemia/pandemia, alimentó la débil rectoría, comunicación y gobernanza pública en la respuesta a la emergencia, fragilizó inicialmente la toma de decisiones centralizadas, y delegó la responsabilidad en muchos países en la enfermología de figuras y personalidades individuales médicas que aparecieron casi a diario en las cadenas mediáticas dando recomendaciones en tiempo real y respondiendo a sus lógicas hospitalarias, corporativas y de sociedades clínicas; o directamente promoviendo intereses de la propia industria farmacéutica en su trabajo de “expertos” (Ugalde y Homedes, 2009).


El COVID-19 ha tenido impactos diferenciados en el norte y sur global. Misma pandemia diferente crisis.  La salud internacional panamericana y la salud global liberal en general orgánicamente responden a esta geopolítica del poder y conocimiento del norte global y su sistema mundo (Basile, 2018). Es por esto, que las desigualdades tienen mayor proporción en países como Costa Rica, donde debe ajustarse a las posiciones internacionales en materia de salud, gobernanza etc.

Los Estados del sur global, deben seguir aunando esfuerzos en la recuperación política, social y económica frente la pandemia. Existe una fuerte dependencia en la industria farmacéutica que se ha visto más que confirmado con el COVID-19 y las vacunas.  En esta coyuntura es necesario que los  sistemas de organización, redes y gestión de salud colectiva que se construyan a partir de la universalidad, integralidad e interdependencia es desde donde más eficazmente se desmercantiliza la salud y la vida, y se responde de forma más eficiente a las necesidades y emergencias sanitarias de las sociedades complejas e inequitativas que aún se reproducen en Latinoamérica y Caribe (Basile, 2020).


Daniella Solano
Cord. Alianzas Estratégicas
Fundación Gente Positiva CR
daniella.solano@gentepositivacr.org